Aparentemente todos los ciudadanos de
cualquier país democrático deberían pretender que los políticos que conforman
la estructura del poder que representa la voluntad popular, fueran las mejores personas y las
más preparadas. Si así se quisiera, parecería razonable asumir que tales
personas tuvieran los mejores sueldos, de forma que desistieran a irse a las
empresas privadas. Pero la corriente va en contra, se critica notablemente lo
que cobran los políticos, aunque se asume que los banqueros y altos directivos
de empresas cobren cantidades insultantes varias veces superiores a lo que
cobran los políticos con más “responsabilidad”. Se ha asumido erróneamente que
en la empresa privada son los accionistas lo que asumen los pagos de sus
propios beneficios, y eso es falso, el dinero siempre sale de la misma fuente:
de la gente. La gente siempre paga, en comisiones bancarias, en intereses de
préstamos, en el pago de los productos que consumen, en el precio de la gasolina, en las subvenciones
que reciben tales empresas, en las reducciones impositivas que benefician a esas
empresas y se “reparten” incrementando la presión fiscal a la gente. Las
empresas privadas se alimentan del dinero público, el del público, el de la
gente, y lo guardan en paraísos fiscales.
Los políticos deben cobrar mucho más,
ahora bien se les ha de exigir que asuman sus responsabilidades. Pero no solo
con buenas palabras. No, ello debe estar en el código penal y en la ley de
enjuiciamiento criminal. No ha de existir la posibilidad de indulto para los
corruptos, sean políticos; o jueces, banqueros, tesoreros, sindicalistas,
policías o funcionarios. No ha de existir remisiones de pena para los
corruptos. Las penas para los políticos corruptos tienen que ser ejemplares,
pero no porque así lo resuelvan los jueces, sino porque así esté estipulado en el
Código Penal de forma clara y sin posibilidades de dobles o triples
interpretaciones, precisamente para obligar a los jueces que las apliquen. No
puede ser que los políticos corruptos estructuren sus defensas en el “no me consta”, “no lo recuerdo”, “no lo
sé”, “no sé cuál es la mecánica”, “esto dependía de los técnicos”, “me basé en
los informes de los asesores”, “no estuve presente”. Si la ignorancia, la estupidez y la ineptitud, son buenas defensas es que
las leyes que nos rigen están mal hechas. Se tiene que instaurar un sistema
para ellos, en que estén tasadas las pruebas para las absoluciones, exceptuando la
ignorancia. Se les debe pagar muy bien, pero no por ser ignorantes, la
ignorancia se ha de penalizar con penas de cárcel, por tiempos largos y con
inhabilitaciones vitalicias. El
incumplimiento de los programas electorales debería publicarse en el BOE y su
incumplimiento tiene que ser tipificado como delito, y establecer referendos
revocatorios de mandatos, facilitando que se puedan realizar al menos cada dos
años.
Hemos de rescatar a la política, hemos
de rescatar a los políticos de manera que éstos sean las mejores persona y las
más preparadas, y de no ser así deberíamos asumir que nos gobiernen los
banqueros, los empresarios, el FMI, el G20 y/o los paraísos fiscales; y a los
políticos le recortamos el sueldo para que sigan siendo figuras decorativas que
lo ignoran todo y luego aparezcan como sabios en las empresas privadas. Si para
rescatar a la política y conseguir políticos honorables tenemos que modificar
la Constitución y las leyes, en eso hemos de ponernos. No podemos seguir siendo
espectadores de los paseíllos de Infantas, Tesoreros y Banqueros. El
espectáculo de esos eventos nos proporciona entretenimiento pero no nos
resuelve nada importante. La prensa y toda la labor de los periodistas es un
medio imprescindible para conocer, pero conocer en sí mismo también es un
medio, no un fin.
Barcelona
a 11 de febrero del 2012.- RRCH