En teoría los sistemas políticos están pensados o
deberían estarlo, en conseguir soluciones a los problemas sociales,
territoriales y medioambientales entre otros muchos que se suscitan en un
Estado y sus representantes políticos buscarían tal finalidad.
En España hoy la cosa
va al revés y los miembros de los partidos políticos se empeñan en hallar un problema
a cada propuesta de solución, incluso a aquellas soluciones encontradas hace
más de cuarenta años.
En aquellos tiempos se encontró una solución, que como todas suelen
ser provisionales hasta que se encuentre una mejor, consistente en que el Jefe
del Estado fuera un Rey que sometido al Parlamento promulgara las leyes sin
hacer valoraciones sobre su contenido, mantener su neutralidad política y actuar
como símbolo embajador de unidad en representación del Estado. En los primeros
treinta años lo de símbolo funcionó bien, luego se deslució sustancialmente por
los tremendos errores que realizó Juan Carlos I, que quizás intentando salvar
la institución se adelantó a lo que luego se descubre, abdicando y poniendo en
su lugar a hijo, Felipe IV. Aquella solución dio cause a la conciliación entre
una izquierda con principios republicanos y una derecha monárquica, ambas
partes otrora irreconciliables, transaron en un rey que reinara, pero no
gobernara, excepto en su casa, y a aquello se le llamó transición, de la que se
descolgaron los extremos que no la aceptaron y guardaron su inquina para después.
Para la mayoría de los
ciudadanos el concepto transición se asumió como pasar de una manera de estar y
ser a otra más acorde con los nuevos tiempos que venían, más justa e
igualitaria; pero los extremos descolgados de una parte y de la otra lo
asumieron como un simple alto al fuego hasta conseguir un rearme y volver al
conflicto con mayores posibilidades de vitoria definitiva. Y estos ahora siendo
adversarios se unen para tratar de derribar a la monarquía, los unos porque
quieren que el rey gobierne conforme a sus intereses y los otros porque quieren
que no esté y en su lugar exista una república sobre de cuyo contenido y finalidad
tampoco dan razón, pero estiman que en su caso se hará lo que a ellos le va
bien. Alternativas razonadas con estimaciones de cómo, cuándo y para qué no tienen,
ni consideran que ello sea necesario puesto que lo que urge es el derribo.
El atisbo de solución que
el gobierno de Pedro Sánchez está buscando para parte del territorio español
del extremo nordeste del país, dando indultos a los políticos catalanes presos
por haber delinquido en pro de separar una importante parcela del Estado y
gobernarla ellos, está sirviendo para que republicanos irredentos y autoritarios
de corte postfranquistas se unan al mismo fin, el derribo de aquella transición.
Los indultos siempre y en todo caso se dirige a delincuentes, es
decir a presos que lo está por haber sido condenados en firme por delinquir. Y
una de las opciones legales para concederlo es que el gobierno que los otorga
entienda que con ello se efectúa una acción de utilidad pública. Tal utilidad
pública, tanto si resulta finalmente cierta o no, no se halla en el simple
hecho que unas personas presas salgan en libertad en favor propio y de sus familias,
sino en el interés general de restarle munición precisamente a tales personas,
que la tienen por estar presos y con las que soliviantan a un número importante
de ciudadanos españoles especialmente en el extremo nordeste de España. En
tales circunstancias no resulta pertinente ni necesario que los presos indultables
se arrepientan de los actos que los llevaron a prisión, ni siquiera que den
garantías o prometan su no repetición, puesto que, si lo hacen, por tales
hechos volverán a donde estaban y que luego se les vuelva a indultar será
difícil. Y si los que lo vuelven a hacer son otros del mismo grupo irán estos a
la cárcel. Con lo cual la reincidencia además de no poderse asegurar que no se
vaya a producir, siempre tendrá las consecuencias penales legalmente previstas.
Otorgados los indultos por el Gobierno, el Rey los firmará
tanto le guste como si no, y no será responsable de ello sino el Gobierno, y no
porque éste se lo imponga sino porque así lo prevé la Constitución; ello sin
perjuicio, claro está, que la derecha postfranquista y los republicanos irredentos,
propongan con cara y ojos cambios constitucionales para el futuro con arreglo a
lo que la misma prevé para su modificación, lo que, en su caso, podría ser
propuestas de soluciones a problemas y no al revés. Aunque al parecer ambas
facciones se sienten cómodas solventado sus problemas internos con el barullo
como método de disimulo.
Barcelona a 16 de junio del
2021. RRCh.
