Un problema para cada solución

 

En teoría  los sistemas políticos están pensados o deberían estarlo, en conseguir soluciones a los problemas sociales, territoriales y medioambientales entre otros muchos que se suscitan en un Estado y sus representantes políticos buscarían tal finalidad.

        En España hoy la cosa va al revés y los miembros de los partidos políticos se empeñan en hallar un problema a cada propuesta de solución, incluso a aquellas soluciones encontradas hace más de cuarenta años.

       En aquellos tiempos se encontró una solución, que como todas suelen ser provisionales hasta que se encuentre una mejor, consistente en que el Jefe del Estado fuera un Rey que sometido al Parlamento promulgara las leyes sin hacer valoraciones sobre su contenido, mantener su neutralidad política y actuar como símbolo embajador de unidad en representación del Estado. En los primeros treinta años lo de símbolo funcionó bien, luego se deslució sustancialmente por los tremendos errores que realizó Juan Carlos I, que quizás intentando salvar la institución se adelantó a lo que luego se descubre, abdicando y poniendo en su lugar a hijo, Felipe IV. Aquella solución dio cause a la conciliación entre una izquierda con principios republicanos y una derecha monárquica, ambas partes otrora irreconciliables, transaron en un rey que reinara, pero no gobernara, excepto en su casa, y a aquello se le llamó transición, de la que se descolgaron los extremos que no la aceptaron y guardaron su inquina para después.

        Para la mayoría de los ciudadanos el concepto transición se asumió como pasar de una manera de estar y ser a otra más acorde con los nuevos tiempos que venían, más justa e igualitaria; pero los extremos descolgados de una parte y de la otra lo asumieron como un simple alto al fuego hasta conseguir un rearme y volver al conflicto con mayores posibilidades de vitoria definitiva. Y estos ahora siendo adversarios se unen para tratar de derribar a la monarquía, los unos porque quieren que el rey gobierne conforme a sus intereses y los otros porque quieren que no esté y en su lugar exista una república sobre de cuyo contenido y finalidad tampoco dan razón, pero estiman que en su caso se hará lo que a ellos le va bien. Alternativas razonadas con estimaciones de cómo, cuándo y para qué no tienen, ni consideran que ello sea necesario puesto que lo que urge es el derribo.

        El atisbo de solución que el gobierno de Pedro Sánchez está buscando para parte del territorio español del extremo nordeste del país, dando indultos a los políticos catalanes presos por haber delinquido en pro de separar una importante parcela del Estado y gobernarla ellos, está sirviendo para que republicanos irredentos y autoritarios de corte postfranquistas se unan al mismo fin, el derribo de aquella transición.

       Los indultos siempre y en todo caso se dirige a delincuentes, es decir a presos que lo está por haber sido condenados en firme por delinquir. Y una de las opciones legales para concederlo es que el gobierno que los otorga entienda que con ello se efectúa una acción de utilidad pública. Tal utilidad pública, tanto si resulta finalmente cierta o no, no se halla en el simple hecho que unas personas presas salgan en libertad en favor propio y de sus familias, sino en el interés general de restarle munición precisamente a tales personas, que la tienen por estar presos y con las que soliviantan a un número importante de ciudadanos españoles especialmente en el extremo nordeste de España. En tales circunstancias no resulta pertinente ni necesario que los presos indultables se arrepientan de los actos que los llevaron a prisión, ni siquiera que den garantías o prometan su no repetición, puesto que, si lo hacen, por tales hechos volverán a donde estaban y que luego se les vuelva a indultar será difícil. Y si los que lo vuelven a hacer son otros del mismo grupo irán estos a la cárcel. Con lo cual la reincidencia además de no poderse asegurar que no se vaya a producir, siempre tendrá las consecuencias penales legalmente previstas.

       Otorgados los indultos por el Gobierno, el Rey los firmará tanto le guste como si no, y no será responsable de ello sino el Gobierno, y no porque éste se lo imponga sino porque así lo prevé la Constitución; ello sin perjuicio, claro está, que la derecha postfranquista y los republicanos irredentos, propongan con cara y ojos cambios constitucionales para el futuro con arreglo a lo que la misma prevé para su modificación, lo que, en su caso, podría ser propuestas de soluciones a problemas y no al revés. Aunque al parecer ambas facciones se sienten cómodas solventado sus problemas internos con el barullo como método de disimulo.

 

Barcelona a 16 de junio del 2021. RRCh.