lunes, 16 de abril de 2018

CIFUENTES, y los estudios.


 

       La Sra. Cifuentes es peor que los otros políticos de todos los colores que simulan tener estudios que no tienen; porque ella tuvo capacidad de decisión o de influencia en la decisión de la universidad expedidora del título. En una sociedad democrática todos los ciudadanos tienen derecho a votar y ser votados. No existe ni puede existir la obligación de poseer una titulación universitaria para poder ser representante político, ya sea diputado, senador, presidente del ejecutivo, ministro, o cualquier otro cargo. Si existiera tal exigencia se impediría el acceso a la representación política a un porcentaje importante de ciudadanos, tal vez a la mayoría. El que pretenda conquistar la aprobación de los votantes, ha de disponer de un programa de actuación que a juicio de sus seguidores sea deseable, coherente y viable, y que la persona que se presente como propulsora de tal cometido se gane la confianza de los electores. El hecho de ser ingeniero, abogado, registrador de la propiedad, médico, notario, historiador o científico no añade nada que no pueda aportar un electricista, un albañil, un peón metalúrgico o un obrero del campo. El destino y bienestar de un país no se resuelve haciendo un puente, un pleito, anotando un título de propiedad, otorgando una escritura, curando enfermos, contando historias o haciendo el mapa del genoma humano; ni cableando un edificio, ni levantando paredes, ni perfilando hierros, ni vareando olivos. Todo ello es importante para la actividad de cada cual y para el bien de todos, pero no necesariamente para dirigir una nación o parte de ella. Siendo todo ello bastante evidente, en cambio está visto que los políticos actuales prefieren mentir diciendo que tienen la licenciatura de arquitectura o estudios para ello, en lugar de decir que son albañiles estupendos; tener estudios de agropecuaria en lugar de decir que son buenos recolectores de aceitunas; prefieren poner que son ingenieros a buenos electricista. Desde la perspectiva de los políticos de derecha hasta se comprenden, ellos vienen de la nobleza, de ser, condes, duques o marqueses, y/o de la alta burguesía que le sustituyó o con la que se integraron. Desde siempre ellos fueron los dueños del bastón de mando y los de ahora quieren aparentar más o menos lo mismo, aunque no tengan pedigrí, y más aún si lo tienen. Que los de izquierda vayan por el mismo camino de simular lo que no tienen ya es más lastimoso, dado que se supone que sus finalidades es conseguir que tengan los que no tienen y lo tengan de verdad. Que mientan en el curriculum es de una menesterosidad moral intolerable, el resultado de la ausencia absoluta de dignidad. En ese baile de las vanidades de a poco nos están haciendo creer que cualquier idiota que hable inglés y tenga uno o varios masters es más idóneo para el manejo de la cosa pública que otro que solo sea honrado e inteligente. A los certificados de títulos le estamos dando más más valor que al conocimiento, por eso estos gilipollas mienten y al ser pillados se quedan con el culo al aire desprovistos del decoro simulado.  Lo peor es que existan universidades que se signifiquen por expedir patentes de corsos a cambio de ser alimentados de sopa boba a cuenta del erario. Los ilustres …

 

   Barcelona a 16 de abril del 2018. RRCh.

miércoles, 11 de abril de 2018

LA ADICCIÓN A LA IMPUNIDAD


El sentimiento de impunidad que corroe las entrañas de algunas personas, casi todos políticos y casi todos de derecha (aunque no todos en este último supuesto), parece tener efectos adictivos, engancha. La cocaína como droga ampliadora de la conciencia atribuye a su consumidor unas aparentes mayores facultades o un aparente mayor rendimiento de aquellas que tiene; el sentimiento de impunidad hace más o menos lo mismo, amplia la proyección exterior de la autoestima del poseedor de dicho sentimiento, aunque él en su fuero interno por más escondido que lo tenga sabe que es una mierda, pero los demás no. Como toda droga ampliadora de la conciencia sentirse impune proporciona un placer, y como tal se intenta conservar y si es posible acrecentarlo. La cocaína como el sentimiento de impunidad, tienen una alto margen de tolerancias en el organismo humano, que los va integrando como elementos sustanciales y necesarios para su regular funcionamiento, de forma que se ha de ir subiendo la dosis para mantener la euforia y el placer, si no se incrementa la ingesta se ha de mantener la acostumbrada para estar normal, lo cual ya no hace gracia, y se sube. Claro, a medida que se aumenta el consumo se incrementa el coste que se ha de invertir para sostenerla, y cuando los ingresos legales propios no llegan a sufragar el precio que el mantenimiento del vicio requiere, se ha de acudir a otros fondos, que generalmente ni son legales ni propios. La adicción a la impunidad requiere de un entorno solidario con el consumidor. Ese escenario suele hallarse generalmente entorno al reparto de dinero público. Lo que es de todos no es de nadie, y aquí se pilla y con esto se tapan bocas, orejas y ojos. La crisis económica ha sido una excelente desgracia, dado que la escasez de dinero para tapar ha conseguido, al menos, que los adictos al sentimiento de impunidad comiencen a padecer el síndrome de abstinencia. Este síndrome es jodido, puesto que, se le echa lo que pide para apaciguarlo, o se ha de ingresar en clínica de desintoxicación. Para ingresar en esos centros especializados lo que se hace más cuesta arriba para el adicto es, que tiene que reconocer la adicción, de lo contrario no hay cura: doctor soy corrupta y me quiero curar, no hice el master, tengo el título que es bueno, pero no fui y no sé ni de qué iba la cosa esa. La culpa no es mía, es de la Universidad que me lo dio así nomás; fíjese doctor que ni me pidieron que fuera a clase, ni que hiciera trabajos, ni tampoco esa cosa que llaman TFM o cómo coño se diga; me han utilizado doctor; se han aprovechado de mi cargo, y ahora yo necesito todo eso y más de eso. Me siento gilipollas doctor, sin master llegué a presidenta de la Comunidad de Madrid, nadie me pidió el título y ahora que tengo título he de esconderme y hasta podría ser que me tenga que mandar a mudar. Esto es una desgracia. Ahora cuando le pregunten al presi por mi en lugar de llamarme Cristina Cifuentes seré esa persona por la cual usted se interesa. Ahí está el problema de la adicción, nunca se puede decir de esta agua no beberé ni este cura no es mi padre. Quizás se habría de crear una Secretaría de Estado contra el sentimiento de impunidad o un Gabinete de Crisis, lo jodido es conseguir integrantes no adictos o desintoxicados; y no solo se han  evitar a los masterinómanos. ¿?

Barcelona a 11 de abril del 2018. RRCh

lunes, 9 de abril de 2018

LA EURO ORDEN DE ARRESTO


El uso indiscriminado de la manipulación como único instrumento político para sobrevivir en el oficio, o mejor dicho para percibir los emolumentos que del puesto se derivan, aunque el oficio no se ejerza, está contaminando de tal forma la vida pública que la hace irrespirable, por el resultado de una manipulación institucionalizada para que cada cual entienda lo que quiera entender, dejando al margen cualquier atisbo que se aproxime a la verdad. Puigdemont fue capturado en Alemania mientras huía de la justicia española, y no por sus ideas política sino por intentar imponerlas quebrantando la Constitución, el Estatuto de autonomía de Cataluña, las resoluciones del Tribunal Constitucional, y haber instrumentalizado a parte de la ciudadanía catalana para que contra la legalidad vigente intentaran imponer sus ideas. Y ello no triunfó, de haberlo hecho significaría que hoy en una parte de España no regiría la Constitución española ni sería parte del Estado. La justicia española activó la euro-orden de arresto contra Puigdemont y otros, que huyeron al día siguiente de haber proclamado la república catalana de forma real o simbólica. Un tribunal de un lander alemán -similar a un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autonómica española-, entendió que la descripción que sobre la violencia desarrollada por el separatismo liderado por Puigdemont para imponerse, no era suficiente para encajar en el tipo penal alemán que describe el delito de alta traición, y concluyó que no era extraditable por el delito de rebelión que describe el código penal español, y posiblemente tampoco por el delito de malversación de caudales público, y acordó la puesta en libertad de Puigdemont, obligándole a que se mantenga dentro de Alemania. La manipulación comienza cuando se dice que la justicia europea le ha dado la razón a Puigdemont y que la  justicia española ha sido derrotada. Ya de entrada decir que la justicia alemana es más europea que la española no parece corresponderse a la verdad. Será el resultado de la justicia europea cuando tal resolución emane del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cosa que no ha sucedido. Y si la justicia española plantea la cuestión al TJUE y éste entiende que los tribunales o jueces de cualquier estado miembro de la Unión Europea que reciba una petición de euro-orden de arresto puede entrar en el fondo de la cuestión, aceptando o rechazando los fundamentos fácticos  que el juez requirente expone, entonces sí que habrá actuado la justicia europea, y  se habrá de aceptar al menos hasta su reforma; en tal caso resultará que la euro-orden de arresto no es un mecanismo de colaboración entre iguales sino una suerte de doble enjuiciamiento, en el que el juez o tribunal que acepta o rechaza la entrega del requerido puede dictar sentencia absolutoria sobre el fondo sin necesidad de hacer juicio y sin necesidad que el juicio se haya celebrado en el Estado requirente.  Y si esto fuera así, la justicia española tendría la posibilidad, si no la obligación, de desactivar la euro-orden para que Puigdemont y los otros huidos permanezca fuera, de forma que solo puedan entrar a España para responder por todos los delitos de los que se les acusa, o no entren.  De momento no parece que ningún Estado del conjunto de la unión, tengan atribuidas potestades tutelares sobre la justicia española ni sobre ningún otro Estado que no sea el propio.
Barcelona a 9 de abril del 2018, RRCh