PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y MORAL.-

         Es muy renuente la afirmación o queja que en España y parte del extranjero se ha sustituido la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. Sucede entonces que se trata de confundir la moral pública con la aplicación en el mundo jurídico de aquel  principio general del derecho que dice que nadie es culpable hasta que, ante un tribunal de justicia, se demuestra la culpabilidad de alguien. 

         Resulta que la inmensa mayoría de la ciudadanía carece de formación jurídica, y ni falta hace que la tengan. Aquel principio general del derecho se instauró para eliminar el principio contrario-la presunción de culpabilidad-, ante los tribunales de justicia que, naturalmente estaban y están formados y conformados por los representantes de las clases sociales dominantes, que perseguían y persiguen el mantenimiento del status quo de ellos. La presunción de inocencia fue una autolimitación que se impusieron a sí mismo los poderosos. La inquisición usaba la presunción de culpabilidad y al ser una imposición de la religión católica cuando está tenía muchos protestantes que paulatinamente fueron copando los estamentos del poder, les fue razonable y necesario su cambio. Lo mismo sucede con aquello, que la ley es igual para todos, no es cierto ni nunca lo ha sido ni tampoco puede serlo, puesto que se trata de individualizar la responsabilidad del causante de un mal y la pena que se le impone. De ahí que unos son más iguales que otros. Si se trata de valorar la aplicación de la ley sobre una Infanta del Reino de España solo se puede comparar con la aplicación igualitaria de la ley sobre otra Infanta también del Reino de España, no vale comparar el mal producido y el castigo merecido relacionando a una Infanta con una ama de casa o una operaria de una fábrica.

         La presunción de inocencia es un concepto jurídico y solo es abordable desde tales  parámetros, no se puede pretender que toda la ciudadanía conozca y respete tal concepto técnico.  No obstante, todas las leyes son o deben ser informadas, infiltradas o conformadas desde y con la moral pública, que naturalmente es más amplia y extensa que la realidad jurídica. Nadie infringe ninguna ley teniendo una o un amante a espaldas de su cónyuge, y en cambio no es moralmente aceptable por la inmensa mayoría de los cónyuges cuando lo descubren. No se infringe ninguna norma largando ventosidades intestinales estruendosas en la mesa cuando se comparte con otros, aunque queda muy feo y quien lo haga posiblemente ya no se le invita; lo mismo pasa con quien hace burillas con sus mocos o se rasca la entrepierna delante de la gente. Quien haga estas cosas recibe un castigo social que nada tiene que ver con la acción de la justicia o el ejercicio del derecho. Así las cosas, lo que se aparte de la estética común y de los conceptos morales comunes de un grupo humano, recibe un castigo social, y a veces es más contundente y prolongado en el tiempo que una pena o condena judicial. Desde la perspectiva moral poco importa si un hecho vergonzante se produjo ahora o hace años, el “olvido” de lo inmoral no tiene los plazos de las prescripciones jurídicas, incluso la conducta inmoral de una persona puede trasladarse a sus estirpe, a sus padres, hijos y nietos. Si un presidente de una Comunidad Autónoma hace veinte años se fotografió con un contrabandista de tabaco y narco traficante, no importa si pasaron veinte años o treinta, lo que importa es si el presidente fotografiado en el momento que se fotografió sabía o podía saber que su acompañante era un delincuente, y si resulta que el entorno popular lo sabía, ya se supone que el actual presidente de la Comunidad Autónoma también lo sabía, y precisamente para pillar algo el uno del otro, se hacian paseos juntos.

         Si una actual Ministra del Reino de España, o un ex otro Presidente de una Comunidad Autonómica o una Alcaldesa actual de un importante Ayuntamiento,  recibieron regalos significativos de un grupo de presuntos mafiosos, no importa cuánto hace, moralmente no ha sido olvidado, y si eso fue delito o no, no importa mucho, lo que importa es que está feo, es moralmente reprochable. Como tampoco han sido olvidadas las grabaciones de conversaciones telefónicas que en su día se le efectuó a un tal tesorero del Partido Popular hace muchos años, si la grabación valió o no para los jueces es una cuestión de ellos, lo que le importa a la gente es si el interlocutor  fue aquél señor y dijo lo que apareció en la cinta. Si una infanta del Reino de España participó activamente en la presunta comisión de delitos por parte de su marido, no es una cuestión trascendente para la mayoría de la gente, lo que importa es si participó o no de los beneficios de aquella actividad presuntamente ilegal y si pudo darse cuenta o no, que le llegaba dinero más abundante de lo normal.

         Las normas morales aunque no escritas, son mucho más contundentes, respetadas y conocidas  por la mayoría, que las normas jurídicas. Y esa es la realidad que está aflorando y escrachando a aquellos que no se han regido por tales regulaciones de conducta. Y lo peor es que, valorar si tal moral común es justa o injusta resulta una pérdida de tiempo inmediata, sin perjuicio claro está, que se puedan ir modulando con el paso de los tiempos, ya sea para suavizarlas o para extremarlas, todo depende de las emocionalidades que despierten. Y esa emocionalidad determina lo justo y lo injusto, que tristemente poco tiene que ver con lo que es justo o injusto desde una perspectiva jurídica. Por todo eso es que, la profesión que hoy por hoy tiene más poder es la de periodista, dado que con  sus noticias nos hacen enfrentar  nuestra moral con la de todos; y algunos cuando no le ven salida, se refugian en la leyes. La leyes no tienen nada que ver; es la moral, la estética o la ética.

Barcelona a 8 de Abril del 2013.- RRCH.-