Los paraísos
fiscales no fueron creados para corromper a la alta clase social del llamado
mundo occidental, sino al revés, la corrompida alta clase social los generó
para ocultar el producto de sus fechorías. Y al menos hasta el presente, de esa
alta clase social han salido nuestros representantes democráticos, con contadas
excepciones de los que instrumentalizando la política se han situado allí donde
querían estar: en la clase social alta. Por ello, terminar con los paraísos
fiscales es subjetivamente muy difícil, aunque objetivamente sea sencillo. Hoy
por hoy es impensable que nuestros próceres deroguen las leyes que ellos mismos
han promulgado para esconder sus capitales ahorrándose el pago de impuestos en
sus queridísimas patrias. Éstos tienen un concepto muy depurado y restringido
del concepto patria, que circunscriben a su entorno familiar y de amistades,
aunque lo utilizan como espléndida red de malla fina para la pesca de votos, o
de popularidad. La cuestión está en ganarse la confianza; con la confianza
consiguen votos y/o reconocimiento social, y por la confianza en los paraísos
fiscales guardan allí sus botines del despojo. Impedirle el acceso a estas
guaridas sería sencillo si se les priva de la confianza en la seguridad que los
paraísos fiscales les deparan. Y esto es fácil de hacer con cuatro medidas:
1.-
Propiciar la colaboración mediante la denuncia de los empleados de banca, otorgándoles
premios y un concreto amparo legal como testigos protegidos o simplemente
anónimos. Esa falta de confianza que se generaría en los clientes que hacen emigrar su dinero,
ya les situaría en el pánico. Al tiempo
que pondría en aprieto a nuestros jerarcas vecinos de Luxemburgo, Malta,
Chipre, Suiza, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Mónaco, Vaticano y los
territorios de ultramar de Reino Unido y Holanda, entre otros.
2.- Obligar a las corporaciones transnacionales
a publicar en Registros Oficiales las cuentas, individualizando las de cada
país en las que operan, y que a ello puedan acceder en tiempo real las autoridades
fiscales y judiciales. Así se podría discriminar qué volumen de negocios se
genera en los paraísos fiscales en el supuesto que en ellos tengan sucursales,
y qué otro se genera inflando facturación allí sin tener infraestructura, ni
personal, ni mercado.
3.- No
reconocer los actos jurídicos firmados en tales paraísos fiscales por las
personas físicas residentes fuera de ellos. De manera que sepan que para evitar
las penas y las sanciones no valdrán las
declaraciones complementarias antes que
les descubran. Y así estarán en idéntica situación que el ladrón que esconde el
botín en la playa o al pie de un árbol, si no se le descubre se salvan; pero
asumiéndolo.
4.- Si además de las anteriores tres medidas,
les aislamos rompiendo relaciones diplomáticas y comerciales ya sería un lujo,
con solución instantánea.
Pero,
el problema está en lo subjetivo; en los próceres. Es cuestión de confianza.
Siendo optimista, confiemos en los periodistas, de momento no hay más ni se le
espera. Los de la nueva política ahora se ocupan en ubicarse, igual cuando
estén cómodos les da por ahí; o no.
Barcelona
a 20 de Abril del 2016- RRCH
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