La Sentencia.

Si se atiende a que la sentencia sitúa a los extremos en plena disconformidad, se debería considerar que es una muy buena sentencia. Para un extremo cualquier sentencia que no fuera absolutoria y además indemnizara a los políticos que llevan preso un tiempo sería (y es para ellos) una condena injusta y vengativa contra el pueblo de Cataluña, puesto que ellos son los que determinan qué personas componen ese pueblo y quienes no, y naturalmente qué es justo y qué no. Para el otro extremo, una sentencia que no condenara por rebelión imponiendo las penas máximas sería (y es para ellos) una ofensa al pueblo español, a España y a la Justicia, en tanto que ellos determinan qué personas componen España y quienes no, y por supuesto qué es justo y qué no. Luego están los indecisos que ansían estar bien con los unos y los otros, que dicen que la sentencia no solventa el problema político que subyace entres los ciudadanos de Cataluña, Y es obvio que no solventa tal problema, ni lo pretende, ni lo puede resolver; esto sería tanto como decir que una condena por mal trato en el ámbito familiar no solventa el problema del machismo, aunque en este caso, de momento,  nadie propone que no se juzgue al autor del delito puesto que previamente se ha de abolir el machismo mediante el dialogo.  La sentencia en cuestión solo juzgó a las personas físicas por hechos por ellos cometidos, dimanantes de un  señuelo puesto en escena con un  cúmulo concatenado de mentiras y manipulaciones, arrastraron a mucha gente a apoyarles poniendo el cuerpo y sus emociones para que ellos intentaran conseguir el mantenimiento de enfrentamientos en un estado permanente  de tensión social para ellos ocultar sus propias vergüenzas (entiéndase justificar recortes sociales al pobrerío, crear una cortina de humo para que escaparan al extranjero las bolsa de dinero del clan Pujol  con sus secuaces, y disimular su cobardía). Ahora el “honorable” Sr. Torra dice “lo volveremos a hacer”, pero no lo hace, no vaya a ser que tenga problemas con la justicia y acabe preso, y mientras tanto envía a la policía catalana para que repriman a los que quieren volverlo a hacer. El Sr. Iglesias en su afán por situarse en un sitio y su contrario envía abrazos a los condenados porque para él son buenas personas, cosa que puede ser verdad, tanto como que algunas buenas personas son condenadas por las acciones delictivas cometidas, dado que en nuestro derecho no se juzga a las personas por lo que son, sino los hechos ejecutados por ellos si resultan penalmente reprobables. Aquella frase de “no sabe Ud. con quien se mete” dicha por uno, que en base a su preeminencia social intenta apañar una mala acción exigiendo su impunidad atendiendo a quien es, ya no tiene cavidad en un estado de derecho. El diálogo político es una obligación, ahora bien, se ha de explicar cómo se puede dialogar con personajes que inician el “diálogo” exigiendo que se les de todo lo que piden antes de sentarse, máxime si lo que piden resulta imposible conceder. Imposible porque lo prohíbe la Constitución e imposible porque quien se arroga la representación de todo un pueblo en el mejor de los casos para ellos, puede representar a la mitad. Los separatistas piden un referéndum de autodeterminación, derecho que no existe, pero ellos lo imaginan; en el supuesto que se les otorgara tal derecho exigirían que tal referéndum les diera la razón, de lo contrario no lo aceptarían y pedirían otro, y si tal referéndum les diera la razón arrollarían a la casi mitad de la ciudadanía catalana que votara en contra -que naturalmente para ellos no serían catalanes-, con lo que tampoco se resolvería el problema. Y ello, siempre que aceptáramos que separar una parte del territorio español no fuera un problema para todos los españoles o, que siéndolo debieran ignorarlo.

 

Barcelona a 15 de octubre del 2019. RRCh