INDIGNADOS

Es verdad que esta gente no tiene derecho a ocupar las plazas públicas. Impiden el placentero esparcimiento ciudadano. Amontonados como están se les ve más, afean la ciudad y perjudican el turismo, hacen ruido, juntan cartones y ponen frases incomprensibles y mal sonantes  como esa de “no hay pan para tanto chorizo”. Sería mejor que se quedaran en casa viendo la tele. Aunque si se quiere hay varios remedios para arreglar la cosa, se trata de ir probando. Una es a palos,  con una buena ración en un rato desaparecen y en cuanto no se les vean: problema resuelto. Lo malo será si se suman más. Otra, sería interponer ante el órgano judicial correspondiente la pertinente denuncia por algún presunto delito que pudieran estar cometiendo. Ahora bien, siempre asumiendo que si algún indignado resulta imputado tendrá derecho a volver a la plaza, tal como lo hacen entre otros los imputados diputados del parlamento valenciano con su presidente a la cabeza. Bueno, estos no van a las plazas, sino a la cámara legislativa. Es sabido que la imputación es una protección al imputado para que se pueda defender; luego habrá condena o no. Puede quedar todo  en agua de borrajas,  porque la acusación pública sea lerda, porque prescriba la acción ante la ineptitud funcionarial, porque sean absueltos  por falta de pruebas, por fallo de la sana crítica del juzgador o porque no hicieron nada malo. Como último recurso, siempre queda aquello de descubrirles  los motivos para apaciguarles la indignación. Es un método en desuso pero si no se encuentra otro remedio habrá que echarle un ojo. No vaya a ser que  éstos se reproduzcan y no nos dejen ni andar. Es verdad que no se puede estar en contra de los bancos y exigirles préstamos para reactivar la economía y adquirir una vivienda; aunque también es verdad que los banqueros se otorgan unos ingresos insultantes por su desmesura. Está claro que el dinero ahora es de ellos pero recibieron unas ayuditas del erario público mediante cómodos créditos para cuya concesión  algo debieron prometer. Y esto se podría remediar: se trata de imponer un tipo de gravamen del noventa y nueve por ciento por el tramo de renta que supere lo decoroso, y si ante ello emigran en persona o se llevan los bártulos, retirarles la nacionalidad y resucitar el impuesto al patrimonio con gravamen disuasorio  para los bienes raíces  que dejen aquí. Esta gente es muy patriótica. Por más manso que uno sea, eso de la corrupción de los políticos cuando ejercen cargos públicos, sí que incomoda un poquillo; como también la lentitud del sistema judicial contra ellos. Y hay remedio: se trataría, que al mismo tiempo que ponen la mano sobre la Constitución o la Biblia para prometer por su honor o jurar, aportaran escritura pública con la declaración detallada de los bienes e ingresos que traen, exhortándoles también a que voluntariamente incluyan, los de los cónyuges e hijos.  Y al cesar o dimitir que dejen otra con el inventario de salida. Se introduce en el Código Penal  un delito específico de falsedad ideológica en documento público con pena privativa de libertad abultadita para que la noten, y sin posibilidad de remisión ni indultos. Así, si se descubre una divergencia entre la realidad y lo escriturado: a la cárcel, y con el patrimonio confiscado. Y si entre que entró y salió ahorró más de lo matemáticamente razonable en relación con los  sueldos percibidos  y  no acreditan fehacientemente haber sacado la lotería varias veces al año, tener preparado unos tipos penales bien dotados en prisiones ordinarias.  Sería buena cosa introducir los delitos de corrupción, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos y otras yerbas en la ya existente Ley del Jurado. Si resulta que los ciudadanos son buenos para juzgar amenazas y homicidios, también lo serán para hacerlo por corrupción con políticos y funcionarios; jueces incluidos. Y hasta puede ser que los indignados se vayan amansando. Es verdad que hay que reducir el gasto público, puesto que de donde no hay, no se puede sacar; pero también es verdad que los representantes públicos se ponen buenos emolumentos, no se privan en dietas anti-adelgazamiento ni de dotarse de buenos medios para ejercer el oficio. Y hasta podría tener remedio: se trata de ponerle un techo a las dietas no superior al quince por ciento de sus ingresos y si quieren primera clase en los aviones que añadan de su bolsillo si les falta para el boleto. El sueldo también techado: hasta ocho veces el salario interprofesional, más no. Y si no es suficiente la motivación económica, el honor del cargo sumará el resto.  Debe ser un honor, sin dudas, ser representantes del pueblo elegidos por los conciudadanos. Medios. Los normales, como la gente normal: pisos compartidos  y dignos en Madrid si es que allí han de ir; furgonetas de nueve plazas con cristales tintados y chófer que recoja a la mañana  y devuelva a la tarde-noche. Para coches oficiales de los buenos no hay; salvo obligadas y prudentes excepciones. Es cierto que esto es el chocolate del loro, pero también es verdad que no hay motivos  plausibles para alimentar a los loros con chocolate. Los informes técnicos que se necesiten, que los hagan los funcionarios, y los cargos de libre designación que por su valía cooptan. Si se hace imprescindible el encargo  a una empresa  o experto de fuera, se hará; pero siempre previo despido por inutilidad y sin indemnización de uno de dentro.  Y nada de echarle al presupuesto público las fotos electorales, ni los cursillos de dicción, ni el  aprendizaje de idiomas, ni otras cosillas caras. No. Eso se trae de casa o se hace en horario nocturno después de la faena. Si se hace esto, con un poco de  suerte puede  que la indignación baje.  Sería un lujo que nuestros representantes tuvieran discursos coherentes, que igual que cuando pillan a un contrincante con la mano presunta dentro del tarro piden desgañitados que dimita, hagan dimitir a los suyos en igualdad de circunstancias. Es que eso, aunque parezca que no, jode. Eso de que si acusan al mío de corrupción es fruto de una campaña de desprestigio o de manipulación de pruebas de la Policía o del Fiscal General del Estado o del jefe del partido adversario, y cuando el imputado es el otro tenga que dimitir en diez minuto, queda feo y hasta puede ser que alguno sienta como que le meten el dedo en el ojo. Irrita. Y ya sería maravillo, como para que no quede ni un indignado, si los políticos y los partidos se diferenciaran en sus promesas; o fueran un poco más al detalle. Todos quieren eliminar el desempleo, ni uno solo promete crear paro. Todos quieren ahorrar el dinero público y ayudar a los necesitados, nadie promete despilfarro y que los otros se fastidien. Todos están contra la corrupción, ni uno solo dice que está bien y reparte riqueza. Todos defienden el estado del bienestar, ni uno promete un poco de miseria. Pero claro: ninguno explica de forma coherente y creíble cómo y de qué manera van a acabar con el desempleo, luchar eficazmente contra la corrupción y sostener el estado de bienestar. Y claro, aunque parezca que no, indigna. Hay que ser compresivos y pacientes, pero toda goma al estirarla llega  a un punto en que revienta.

Barcelona a 10 de Junio del 2011.- Ruben Romero de Chiarla.