jueves, 20 de febrero de 2014

ESCUCHARNOS



          Es probable que de manera más o menos generalizada, estemos errando en las respuestas que nos damos; en las que damos, y en las que nos dan. Y es posible que tales desaciertos obedezcan a que no escuchamos los relatos hasta el final, a la mitad de él, ya tenemos la respuesta.
          Nos esforzamos tanto en responder que no acabamos de atender a la pregunta, y así, demasiadas veces no respondemos a la cuestión planteada.
Dentro de las urgencias a los que nos hemos obligado, se halla la necesidad de contestar a todo inmediatamente de forma concreta e inapelable, escuchar al otro hasta que acabe de decir lo que comienza a decir, nos parece una pérdida de tiempo.
         Nos sentimos bien preparados para suponer lo que el otro acabará diciendo e interpretamos lo dicho de forma ajustada a la respuesta que ya teníamos.
         Las respuestas que solemos tener para las preguntas o relatos  iniciados, pocas veces comprenden la cuestión que el otro plantea, sino más bien atendemos al conocimiento personal que del otro tenemos o suponemos tener.
         A una  cuestión idéntica, solemos dar distinta respuesta dependiendo de quién sea el interlocutor. No respondemos igual a un hombre que a una mujer, a un joven que a un viejo,  a un rico que a un pobre, a uno de derechas que a uno de izquierdas,  a uno que nos cae bien que a otro que no tragamos.
        No nos escuchamos; si acaso, nos catalogamos los unos a los otros, y en función del concepto que del otro nos hemos creado, ya tenemos la respuesta preparada, la cuestión la dejamos al margen.
         Uno de ultra derecha no acepta una verdad si viene de otro de ultra izquierda, ni viceversa,  el uno quiere derribar al otro y el otro al uno, ambos por su parte quieren mantenerse en el extremo en el que se situaron; a ninguno de los dos les importa la verdad, ni la atienden. Ya tienen su verdad, coincida o no con la realidad: ¡que se fastidie la realidad!
        Por no escucharnos, en demasiadas ocasiones no nos escuchamos ni a nosotros mismos, de forma y manera que nos respondemos lo que suponemos que queremos decirnos.
      Y así coleccionamos respuestas pre-constituidas y nos quedamos con demasiadas cuestiones sin resolver.


Barcelona a 20 de febrero del 2014. RRCH

miércoles, 12 de febrero de 2014

JUSTICIA UNIVERSAL


 Es cierto que las posibilidades que daba la Ley Orgánica del Poder Judicial española en perseguir desde aquí delitos de lesa humanidad y genocidios por todo el mundo, independientemente de quiénes fueran las víctimas y quiénes los presuntos culpables, le otorgaba a España cierta preminencia moral, especialmente a nivel periodístico, que no es poco. Pero también es cierto que con la imputación de Augusto Pinochet, que catapultó a la esfera internacional al ex juez Baltazar Garzón, por un lado causó dificultades y desvelos  a los chilenos demócratas que entonces estaban cultivando una transición pacífica y les llegó desde fuera una injerencia que incentivó el patriotismo pinochetista, y por otro, que el propio Garzón se vio impedido en su propio país a su intento de investigar los crímenes del franquismo, tanto que él mismo fue enjuiciado por dicha iniciativa. También es verdad que por más que desde aquí se investiguen hechos acaecidos en el extranjero, resulta muy dificultoso cuando no imposible que de tal investigación se derive un enjuiciamiento con sentencia condenatoria y que ésta pueda ser ejecutada. Generalmente lo genocidios y los delitos de lesa humanidad se producen en regímenes totalitario y dictatoriales. Tales regímenes no se generan por generación espontánea, sino que cuentan con el apoyo popular repartido en al menos tres grupos, unos que son sencillamente activistas totalitarios que defienden sus intereses particulares, otros que de mala fe consienten haciéndose los bobos por si sale mal o para cuando acabe decir que eran opositores demócratas de toda la vida, y otros con buena fe desde su ignorancia que consideran que un régimen personalista y totalitario pacifica el entorno y puede reconstruir el desconcierto generado. Salvo que tales regímenes acaben de forma violenta, en la mayoría de los casos se terminan con componendas de transición como lo fue el fin del franquismo, en el cual los que se hicieron los bobos en su momento y ya no lo recuerdan, son actores fundamentales en el borrón y cuenta nueva, con leyes de amnistía o de punto final. Obsérvese que las víctimas del franquismo se han tenido que ir a Argentina para intentar que les escuches, y escuchados, no lograrán los jueces argentinos la extradición desde aquí de los presuntos culpables, que naturalmente están aquí, y algunos muy vivos. La víctimas del franquismo por no tener ni tienen el apoyo de las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, que al parecer tienen muy bien diferenciado la ideología que tenían los muertos antes de ser matados.  Difícilmente desde España se puede condenar y ejecutar una sentencia contra la cúpula del Partido Comunista Chino, sobre todo porque lo de “comunista” lo han suavizado tanto que los capitalistas ex enemigos ya son amigos, tan amigos que se matan por captar negocios de los chinos. Difícilmente se puede condenar desde España y ejecutar la sentencia contra militares de EEUU que en la guerra de Irak mataron a un cámara español, sobre todo porque ni España ni Europa ni el resto del llamado Mundo Occidental presuntamente defensor de los derechos humanos, han conseguido que EEUU acepte la legitimidad juzgadora del Tribunal Penal Internacional.  La Justicia Universal española, que excluía la justicia universal en España, ha tenido repercusión periodística y quizás también a nivel técnico jurídico, especialmente en el ámbito hispano, Sudamérica, y ahí y aquí, removió algunas conciencias (no a todas), y en eso ha estado bien. Tampoco se ha de olvidar que ya en el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero se acotó la idea con criterios de conexión que restringía la universalidad, ahora con un gobierno menos sensible a tales principios morales, exceptuando otros propios que pretenden imponer a todos -y a todas hasta en sus úteros-, el recorte estaba cantado, especialmente por el llamamiento a la reflexión que le hicieron los chinos “comunistas”.
 
Barcelona a 12 de febrero del 2014. RRCH

martes, 11 de febrero de 2014

Políticos, y sus sueldos.


 

           Aparentemente todos los ciudadanos de cualquier país democrático deberían pretender que los políticos que conforman la estructura del poder que representa la voluntad  popular, fueran las mejores personas y las más preparadas. Si así se quisiera, parecería razonable asumir que tales personas tuvieran los mejores sueldos, de forma que desistieran a irse a las empresas privadas. Pero la corriente va en contra, se critica notablemente lo que cobran los políticos, aunque se asume que los banqueros y altos directivos de empresas cobren cantidades insultantes varias veces superiores a lo que cobran los políticos con más “responsabilidad”. Se ha asumido erróneamente que en la empresa privada son los accionistas lo que asumen los pagos de sus propios beneficios, y eso es falso, el dinero siempre sale de la misma fuente: de la gente. La gente siempre paga, en comisiones bancarias, en intereses de préstamos, en el pago de los productos que consumen,  en el precio de la gasolina, en las subvenciones que reciben tales empresas, en las reducciones impositivas que benefician a esas empresas y se “reparten” incrementando la presión fiscal a la gente. Las empresas privadas se alimentan del dinero público, el del público, el de la gente, y lo guardan en paraísos fiscales.

          Los políticos deben cobrar mucho más, ahora bien se les ha de exigir que asuman sus responsabilidades. Pero no solo con buenas palabras. No, ello debe estar en el código penal y en la ley de enjuiciamiento criminal. No ha de existir la posibilidad de indulto para los corruptos, sean políticos; o jueces, banqueros, tesoreros, sindicalistas, policías o funcionarios. No ha de existir remisiones de pena para los corruptos. Las penas para los políticos corruptos tienen que ser ejemplares, pero no porque así lo resuelvan los jueces, sino porque así esté estipulado en el Código Penal de forma clara y sin posibilidades de dobles o triples interpretaciones, precisamente para obligar a los jueces que las apliquen. No puede ser que los políticos corruptos estructuren sus defensas en el “no me consta”, “no lo recuerdo”, “no lo sé”, “no sé cuál es la mecánica”, “esto dependía de los técnicos”, “me basé en los informes de los asesores”, “no estuve presente”. Si la ignorancia, la estupidez  y la ineptitud, son buenas defensas es que las leyes que nos rigen están mal hechas. Se tiene que instaurar un sistema para ellos, en que estén tasadas las pruebas para las absoluciones, exceptuando la ignorancia. Se les debe pagar muy bien, pero no por ser ignorantes, la ignorancia se ha de penalizar con penas de cárcel, por tiempos largos y con inhabilitaciones vitalicias.  El incumplimiento de los programas electorales debería publicarse en el BOE y su incumplimiento tiene que ser tipificado como delito, y establecer referendos revocatorios de mandatos, facilitando que se puedan realizar al menos cada dos años.

          Hemos de rescatar a la política, hemos de rescatar a los políticos de manera que éstos sean las mejores persona y las más preparadas, y de no ser así deberíamos asumir que nos gobiernen los banqueros, los empresarios, el FMI, el G20 y/o  los paraísos fiscales; y a los políticos le recortamos el sueldo para que sigan siendo figuras decorativas que lo ignoran todo y luego aparezcan como sabios en las empresas privadas. Si para rescatar a la política y conseguir políticos honorables tenemos que modificar la Constitución y las leyes, en eso hemos de ponernos. No podemos seguir siendo espectadores de los paseíllos de Infantas, Tesoreros y Banqueros. El espectáculo de esos eventos nos proporciona entretenimiento pero no nos resuelve nada importante. La prensa y toda la labor de los periodistas es un medio imprescindible para conocer, pero conocer en sí mismo también es un medio, no un fin.

 

Barcelona a 11 de febrero del 2012.- RRCH

lunes, 10 de febrero de 2014

La Infanta Cristina y su desmemoria-


 

Todo imputado tiene derecho a no declarar contra sí mismo; tiene derecho a no contestar alguna pregunta, e incluso tiene derecho a mentir. Ahora bien, si declara se supone que lo hace para convencer al Juez Instructor de que no es responsable del delito que le imputa, para intentar dejar de estar imputada, y si no lo consigue para que esa declaración le otorgue credibilidad en contraposición con otras pruebas documentales o testificales en el momento que sea enjuiciada en vista oral.

          Precisamente por tener las declaraciones de los imputados todas las prerrogativas antes referidas, no es ni de lejos la prueba más importante para el enjuiciamiento. Ya se parte que, de ser posible el imputado dirá que no fue, que no estaba, que no lo recuerda o que no sabe. Ahora bien, salvo que se niegue a declarar, si lo hace y dice que ignora aquello que es imposible ignorar, la credibilidad de su coartada se desvanece.  Es cierto que la mayoría de los españoles cuando tenemos que hacer una declaración de impuestos que incluya ingresos atípicos o fuentes de ingresos diversas, acudimos a gestores o técnicos fiscales que nos cumplimentan los formularios y nosotros confiando que están correctamente hechos, lo firmamos. Ello nos hace responsables frente a Hacienda y a nivel civil, pero no nos hace responsables penales, excepto que el técnico declare que él informó al cliente y el cliente le exigió que efectuara las declaraciones en una determinada manera para pagar menos o no pagar.  Es cierto que el derecho penal castiga las intenciones y no los resultados a secas. Es cierto que en muchos matrimonios uno delega en el otro, y que se firman documentos ante la confianza que el otro lo ha hechos correctamente, no se puede pretender, desde la perspectiva penal que lo que el marido le da a la esposa para que eche una firma la esposa antes lo lleve a un profesional para que se lo revise; es así. No obstante, siendo así, hay una serie de cosas que la esposa sabe del esposo y éste de ella, por ejemplo que si entre los dos se crea una empresa mitad cada uno, los beneficios y las pérdidas les afectará a la los dos, y por lo que ha trascendido en la prensa, Doña Cristina contestó que no sabía la mecánica de esto. Eso sí que lo sabía, la Infanta y cualquier otra persona por más desentendida que sea. Y si además el Juez le enseñó correos electrónicos en los que su marido le enviaba copia de lo que estaba haciendo, también ello debía saberlo, además de acreditarse que el marido sí que informaba a su esposa de cómo iban los negocios.

Pero hay más; todas las preguntas que el Juez Instructor le debió efectuar a Doña Cristina, no podía a ella sorprenderle, puesto que sus abogados contaron con copia íntegra de todo el expediente que el juez maneja, además que el caso se está ventilando en la prensa desde hace un par de años. Una cosa es que Doña Cristina firmara en su día documentos que por confianza en su marido no los cuestionaba a pesar que no sabía a qué correspondía, y otra cosa es que no lo sepa ahora. Si resulta que en su día firmó por confianza, ahora debe saber que en aquel día su marido traicionó su confianza, y ello le ha generado una imputación. Aceptando que no tenía ni la más remota idea de la trascendencia de los documentos que firmó como socia en las empresas de su marido, es evidente que ahora sí debe saberlo y muy bien. Y debe saberlo entre otros motivos, porque a su marido le pedirán unos cuantos años de cárcel, y si ella se escapa es porque no tenía ni idea de los delitos que su marido estaba cometiendo, y es difícil de digerir que conociendo Doña Cristina ahora que su marido la utilizó como tapadera y se aprovechó de su condición de hija del Rey para “abrir mercado”, siga aun confiando en su compañero.  

 

Barcelona a 10 de febrero del 2014.-