miércoles, 12 de febrero de 2014

JUSTICIA UNIVERSAL


 Es cierto que las posibilidades que daba la Ley Orgánica del Poder Judicial española en perseguir desde aquí delitos de lesa humanidad y genocidios por todo el mundo, independientemente de quiénes fueran las víctimas y quiénes los presuntos culpables, le otorgaba a España cierta preminencia moral, especialmente a nivel periodístico, que no es poco. Pero también es cierto que con la imputación de Augusto Pinochet, que catapultó a la esfera internacional al ex juez Baltazar Garzón, por un lado causó dificultades y desvelos  a los chilenos demócratas que entonces estaban cultivando una transición pacífica y les llegó desde fuera una injerencia que incentivó el patriotismo pinochetista, y por otro, que el propio Garzón se vio impedido en su propio país a su intento de investigar los crímenes del franquismo, tanto que él mismo fue enjuiciado por dicha iniciativa. También es verdad que por más que desde aquí se investiguen hechos acaecidos en el extranjero, resulta muy dificultoso cuando no imposible que de tal investigación se derive un enjuiciamiento con sentencia condenatoria y que ésta pueda ser ejecutada. Generalmente lo genocidios y los delitos de lesa humanidad se producen en regímenes totalitario y dictatoriales. Tales regímenes no se generan por generación espontánea, sino que cuentan con el apoyo popular repartido en al menos tres grupos, unos que son sencillamente activistas totalitarios que defienden sus intereses particulares, otros que de mala fe consienten haciéndose los bobos por si sale mal o para cuando acabe decir que eran opositores demócratas de toda la vida, y otros con buena fe desde su ignorancia que consideran que un régimen personalista y totalitario pacifica el entorno y puede reconstruir el desconcierto generado. Salvo que tales regímenes acaben de forma violenta, en la mayoría de los casos se terminan con componendas de transición como lo fue el fin del franquismo, en el cual los que se hicieron los bobos en su momento y ya no lo recuerdan, son actores fundamentales en el borrón y cuenta nueva, con leyes de amnistía o de punto final. Obsérvese que las víctimas del franquismo se han tenido que ir a Argentina para intentar que les escuches, y escuchados, no lograrán los jueces argentinos la extradición desde aquí de los presuntos culpables, que naturalmente están aquí, y algunos muy vivos. La víctimas del franquismo por no tener ni tienen el apoyo de las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, que al parecer tienen muy bien diferenciado la ideología que tenían los muertos antes de ser matados.  Difícilmente desde España se puede condenar y ejecutar una sentencia contra la cúpula del Partido Comunista Chino, sobre todo porque lo de “comunista” lo han suavizado tanto que los capitalistas ex enemigos ya son amigos, tan amigos que se matan por captar negocios de los chinos. Difícilmente se puede condenar desde España y ejecutar la sentencia contra militares de EEUU que en la guerra de Irak mataron a un cámara español, sobre todo porque ni España ni Europa ni el resto del llamado Mundo Occidental presuntamente defensor de los derechos humanos, han conseguido que EEUU acepte la legitimidad juzgadora del Tribunal Penal Internacional.  La Justicia Universal española, que excluía la justicia universal en España, ha tenido repercusión periodística y quizás también a nivel técnico jurídico, especialmente en el ámbito hispano, Sudamérica, y ahí y aquí, removió algunas conciencias (no a todas), y en eso ha estado bien. Tampoco se ha de olvidar que ya en el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero se acotó la idea con criterios de conexión que restringía la universalidad, ahora con un gobierno menos sensible a tales principios morales, exceptuando otros propios que pretenden imponer a todos -y a todas hasta en sus úteros-, el recorte estaba cantado, especialmente por el llamamiento a la reflexión que le hicieron los chinos “comunistas”.
 
Barcelona a 12 de febrero del 2014. RRCH

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