Es
cierto que las posibilidades que daba la Ley Orgánica del Poder Judicial
española en perseguir desde aquí delitos de lesa humanidad y genocidios por
todo el mundo, independientemente de quiénes fueran las víctimas y quiénes los
presuntos culpables, le otorgaba a España cierta preminencia moral,
especialmente a nivel periodístico, que no es poco. Pero también es cierto que
con la imputación de Augusto Pinochet, que catapultó a la esfera internacional
al ex juez Baltazar Garzón, por un lado causó dificultades y desvelos a los chilenos demócratas que entonces estaban
cultivando una transición pacífica y les llegó desde fuera una injerencia que
incentivó el patriotismo pinochetista, y por otro, que el propio Garzón se vio
impedido en su propio país a su intento de investigar los crímenes del franquismo,
tanto que él mismo fue enjuiciado por dicha iniciativa. También es verdad que
por más que desde aquí se investiguen hechos acaecidos en el extranjero,
resulta muy dificultoso cuando no imposible que de tal investigación se derive
un enjuiciamiento con sentencia condenatoria y que ésta pueda ser ejecutada.
Generalmente lo genocidios y los delitos de lesa humanidad se producen en
regímenes totalitario y dictatoriales. Tales regímenes no se generan por
generación espontánea, sino que cuentan con el apoyo popular repartido en al
menos tres grupos, unos que son sencillamente activistas totalitarios que defienden
sus intereses particulares, otros que de mala fe consienten haciéndose los bobos
por si sale mal o para cuando acabe decir que eran opositores demócratas de
toda la vida, y otros con buena fe desde su ignorancia que consideran que un
régimen personalista y totalitario pacifica el entorno y puede reconstruir el
desconcierto generado. Salvo que tales regímenes acaben de forma violenta, en
la mayoría de los casos se terminan con componendas de transición como lo fue
el fin del franquismo, en el cual los que se hicieron los bobos en su momento y
ya no lo recuerdan, son actores fundamentales en el borrón y cuenta nueva, con
leyes de amnistía o de punto final. Obsérvese que las víctimas del franquismo
se han tenido que ir a Argentina para intentar que les escuches, y escuchados,
no lograrán los jueces argentinos la extradición desde aquí de los presuntos
culpables, que naturalmente están aquí, y algunos muy vivos. La víctimas del
franquismo por no tener ni tienen el apoyo de las Asociaciones de Víctimas del
Terrorismo, que al parecer tienen muy bien diferenciado la ideología que tenían
los muertos antes de ser matados. Difícilmente desde España se puede condenar y
ejecutar una sentencia contra la cúpula del Partido Comunista Chino, sobre todo
porque lo de “comunista” lo han suavizado tanto que los capitalistas ex enemigos
ya son amigos, tan amigos que se matan por captar negocios de los chinos.
Difícilmente se puede condenar desde España y ejecutar la sentencia contra
militares de EEUU que en la guerra de Irak mataron a un cámara español, sobre
todo porque ni España ni Europa ni el resto del llamado Mundo Occidental
presuntamente defensor de los derechos humanos, han conseguido que EEUU acepte
la legitimidad juzgadora del Tribunal Penal Internacional. La Justicia Universal española, que excluía la
justicia universal en España, ha tenido repercusión periodística y quizás también
a nivel técnico jurídico, especialmente en el ámbito hispano, Sudamérica, y ahí
y aquí, removió algunas conciencias (no a todas), y en eso ha estado bien. Tampoco
se ha de olvidar que ya en el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero se acotó
la idea con criterios de conexión que restringía la universalidad, ahora con un
gobierno menos sensible a tales principios morales, exceptuando otros propios
que pretenden imponer a todos -y a todas hasta en sus úteros-, el recorte
estaba cantado, especialmente por el llamamiento a la reflexión que le hicieron
los chinos “comunistas”.
Barcelona
a 12 de febrero del 2014. RRCH
No hay comentarios:
Publicar un comentario