Políticos, y sus sueldos.

 

           Aparentemente todos los ciudadanos de cualquier país democrático deberían pretender que los políticos que conforman la estructura del poder que representa la voluntad  popular, fueran las mejores personas y las más preparadas. Si así se quisiera, parecería razonable asumir que tales personas tuvieran los mejores sueldos, de forma que desistieran a irse a las empresas privadas. Pero la corriente va en contra, se critica notablemente lo que cobran los políticos, aunque se asume que los banqueros y altos directivos de empresas cobren cantidades insultantes varias veces superiores a lo que cobran los políticos con más “responsabilidad”. Se ha asumido erróneamente que en la empresa privada son los accionistas lo que asumen los pagos de sus propios beneficios, y eso es falso, el dinero siempre sale de la misma fuente: de la gente. La gente siempre paga, en comisiones bancarias, en intereses de préstamos, en el pago de los productos que consumen,  en el precio de la gasolina, en las subvenciones que reciben tales empresas, en las reducciones impositivas que benefician a esas empresas y se “reparten” incrementando la presión fiscal a la gente. Las empresas privadas se alimentan del dinero público, el del público, el de la gente, y lo guardan en paraísos fiscales.

          Los políticos deben cobrar mucho más, ahora bien se les ha de exigir que asuman sus responsabilidades. Pero no solo con buenas palabras. No, ello debe estar en el código penal y en la ley de enjuiciamiento criminal. No ha de existir la posibilidad de indulto para los corruptos, sean políticos; o jueces, banqueros, tesoreros, sindicalistas, policías o funcionarios. No ha de existir remisiones de pena para los corruptos. Las penas para los políticos corruptos tienen que ser ejemplares, pero no porque así lo resuelvan los jueces, sino porque así esté estipulado en el Código Penal de forma clara y sin posibilidades de dobles o triples interpretaciones, precisamente para obligar a los jueces que las apliquen. No puede ser que los políticos corruptos estructuren sus defensas en el “no me consta”, “no lo recuerdo”, “no lo sé”, “no sé cuál es la mecánica”, “esto dependía de los técnicos”, “me basé en los informes de los asesores”, “no estuve presente”. Si la ignorancia, la estupidez  y la ineptitud, son buenas defensas es que las leyes que nos rigen están mal hechas. Se tiene que instaurar un sistema para ellos, en que estén tasadas las pruebas para las absoluciones, exceptuando la ignorancia. Se les debe pagar muy bien, pero no por ser ignorantes, la ignorancia se ha de penalizar con penas de cárcel, por tiempos largos y con inhabilitaciones vitalicias.  El incumplimiento de los programas electorales debería publicarse en el BOE y su incumplimiento tiene que ser tipificado como delito, y establecer referendos revocatorios de mandatos, facilitando que se puedan realizar al menos cada dos años.

          Hemos de rescatar a la política, hemos de rescatar a los políticos de manera que éstos sean las mejores persona y las más preparadas, y de no ser así deberíamos asumir que nos gobiernen los banqueros, los empresarios, el FMI, el G20 y/o  los paraísos fiscales; y a los políticos le recortamos el sueldo para que sigan siendo figuras decorativas que lo ignoran todo y luego aparezcan como sabios en las empresas privadas. Si para rescatar a la política y conseguir políticos honorables tenemos que modificar la Constitución y las leyes, en eso hemos de ponernos. No podemos seguir siendo espectadores de los paseíllos de Infantas, Tesoreros y Banqueros. El espectáculo de esos eventos nos proporciona entretenimiento pero no nos resuelve nada importante. La prensa y toda la labor de los periodistas es un medio imprescindible para conocer, pero conocer en sí mismo también es un medio, no un fin.

 

Barcelona a 11 de febrero del 2012.- RRCH