AMNISTÍA

 

Sería una buena solución establecer una amnistía para las personas investigadas o acusadas por delitos de daños a las instalaciones públicas, desobediencia a la autoridad y a la Constitución o pequeñas lesiones a agentes del orden público, es posible que la ciudadanía española pueda asumir hacerse cargo del coste de tales desmanes acaecidos en Cataluña como resultado de los que llamaron procés en el 2017; claro, ello no podría subsumir los delitos de malversación de caudales públicos para lucro particular o a terceros, o a los partidos políticos u organizaciones sociales satélites de estos, ni tampoco los de corrupción; y,  siempre y cuando ello esté dirigido a la construcción de un futuro que garantice que tales hechos no se volverán a producir al menos en los próximos veinticinco años.

Para ello, paralelamente con el debate sobre la amnistía se debe compaginar, en unidad de acto, las garantías que eviten la reproducción de lo amnistiado. Para ello se debería añadir al Título XXI del Código Penal (Delitos Contra la Constitución) un supuesto de hecho que castigue severamente la promoción de convocatorias de referéndum o plebiscito tendentes a la segregación de parte del territorio español, y ello con penas de obligado cumplimiento, prohibiendo cualquier posibilidad de indultos o suspensiones condicionales del castigo.

Incluso con la amnistía se podría introducir en el debate la modificación de la Constitución por los causes que la misma establece, de su artículo 2, que versa sobre la indisoluble unidad de la nación española, introduciendo una excepción en la que dijera, más o menos, que cualquier Comunidad Autonómica contando con 3/5 de sus representantes en sus respectivos parlamentos autonómicos, pudieran acordar la celebración de referéndum en plazo no superior de 6 meses,  mediante la pregunta de: “acepta usted que su Comunidad Autonómica se constituya en estado independiente de España y de cualquier otro Estado”: si o no; y si el referéndum da un sí con el apoyo del 51% del conjunto del censo electoral -que se compone de todos los ciudadanos de tal Comunidad con derecho a voto-, en tal caso se materialice la segregación, y si tal mayoría no se alcanza, se prohíba una nueva convocatoria para lo mismo en los siguientes 25 años.

Creo que lo antes expuesto deberían defenderlo todos los partidos políticos autodenominados democráticos, sean de derecha o izquierda, y naturalmente tengo claro que los independentistas no lo van a aceptar, como tampoco el Partido Popular, en la mediada que ambas facciones se retroalimentan. Pero si esa fuera a oferta de Pedro Sánchez e implicara una repetición de las elecciones generales, posiblemente las ganaría, y si las ganara debería poner en marcha el referido debate sin cortapisas.

Barcelona a 12 de septiembre del 2023. RRCh.