Es cierto que el derecho de gracia que es el indulto, es un resquicio de un superado absolutismo real, mediante el cual se perdonaba a personas condenadas por los jueces. Es cierto también que el indulto como figura jurídica en un marco democrático puede tener una cabida razonable, si pensamos en personas ya rehabilitadas que por la desesperante lentitud de la justicia en estricta aplicación de la ley resultan condenados a penas privativas de libertad años después de cometidos los hechos y cuando la ejecución de la pena en lugar de tener un efecto disuasorio y resocializador tiene la consecuencia contraria. Pero hoy por hoy, el indulto lo está utilizando el propio Estado para perdonarse a sí mismo o lo que es parecido, lo utiliza el gobierno para perdonar o compensar a los ejecutores de sus propias fechorías, o tapar las fechorías de los amigos. Zapatero ya indultó, como último servicio, a un insigne banquero que había sido condenado por denuncia falsa, es decir el banquero mediante falsedades penalmente reprobables le arruinó la vida a personas inocentes; y por el indulto le salió gratis. Rajoy continuó con lo mismo, aunque se centró más a indultar a condenados por corrupción y a condenados por tortura. Los jueces ahora están enfadados porque con la potestad graciosa de indulta, el gobierno parece que le está echando un pulso al poder judicial, con una suerte de abuso de derecho o fraude de ley.
Lo que echo en falta es, que esos mismo jueces, por ejemplo, no planteen una cuestión de inconstitucionalidad sobrevenida –la ley de indulto es de 1870 y la Constitución de 1978-, por violentar el derecho fundamental de igualdad ante la ley o el también fundamental derecho a la tutela judicial efectiva a las víctimas de los indultados.
Sería interesante, por otro lado, una reforma de la ley en la que se prohibiera el indulto a los funcionarios, incluidos naturalmente también los jueces, puesto que todos los funcionarios en una media u otra tienen dependencia jerárquica o retributiva del Poder Ejecutivo, e indultar a funcionarios, sean esto policías torturadores nacionales o de las comunidades autónomas, o cargos públicos corruptos de un partido u otro, siempre parecerá que se indultan a sí mismo, o el indulto es un favor que con otro favor se paga. También es raro que ningún partido político haya aún llevado la iniciativa al Parlamento, incluyendo la supresión de la remisión provisional de la pena en estos delitos, al menos para que se hable del tema y sepamos qué arguyen los defensores de que las cosas sigan como están.
Barcelona a 29 de noviembre del 2012.- RRCH
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