IMPUNIDAD JUDICIAL

 

Una de las tantas causas que ha abonado la corrupción política fue el sentimiento de impunidad que embargaba a los corrompidos y a los corruptores, y gracias a la labor de algunos valientes periodistas, los corruptos, corruptores y corrompibles  ya comienzan a cuidarse, al menos en no dejar cabos sueltos en su actividad delictiva, cosa que hasta hace poco no les preocupaba nada. Esta actividad denunciadora frente a los representantes públicos salidos de la actividad política no se ha dado, ni se está dando en relación a los componentes del poder judicial y la fiscalía. Llama la atención que un periodista como Jordi Évole, en el magnífico reportaje que realizó el domingo pasado sobre la ignominia judicial  sufrida en España por el ciudadano holandés Don Romano van del Dussen no haya desvelado ni un solo nombre de los jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, oficiales judiciales y abogados  que cometieron la tropelía, y no dijera tampoco que ninguno de éstos estuvieran presos o dedicándose a otra actividad más adecuada a sus capacidades. El holandés, pobre por más señas, ha permanecido más de una década en la cárcel por violación de tres mujeres, cuando al parecer en la vista del juicio ya se sabía que el ADN encontrado en las víctimas no correspondía a él. Las mujeres habían sido agredidas y violadas por un solo hombre, y el ciudadano holandés no solo ha negado siempre su participación en los crímenes, sino que también podía demostrar que estaba en otro lugar en el momento de los hechos con una docena de personas que ni fueron citadas, y varios años antes de su puesta en libertad la Interpol había localizado al dueño del ADN en el Reino Unido; que era otro. Tampoco se ha oído a nadie del Consejo General del Poder Judicial, ni a ningún integrante de las asociaciones de la magistratura, ni a ningún Decano de algún colegio de abogados, pedirle al menos disculpas al ciudadano holandés por la vergüenza ajena y asco que les debió producir la actuación de sus colegas. Don Romano vive de prestado en la casa de un cura.

          Ayer se conoció que Don Salvador Alba Mesa, Magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, persona que antes tuvo preparación teológica, ejerció de abogado  y como juez ha pasado por el orden jurisdiccional civil, penal, contencioso administrativo, y ha impartido muchos cursos de derecho: coaccionó a un imputado sobre el cual tenía total poder sobre su libertad y patrimonio, para que declarara en contra de otra juez. El reo, posiblemente para garantizarse que el magistrado cumpliera con sus promesas de indulgencia, le grabó la conversación y cuando el chantajista no cumplió se la pasó a un periodista. En la conversación, el jurista utilizaba términos homologables con los propios de los delincuentes de baja estofa: “me lo cargo”, “que se joda”, “cabrona”, “hija de puta”  El descubierto, en ejercicio de su legítimo derecho a la defensa dice que las frases se sacaron de contexto, ahora se está esperando que las contextualice, pero no se conoce todavía que haya sido apartado cautelarmente de su cargo ni que  haya sido detenido por la alarma social causada y por las probabilidades que tiene en la destrucción de pruebas; luego si no fue él se le absuelve y ya está. Los jueces, magistrados y fiscales son el último asidero de los ciudadanos, si también se nos pudren en el sentimiento de impunidad quedará poco o nada. Sería bueno que ellos también sintieran el aliento de  periodistas en su cogote; si ello no cura, alivia.

Barcelona a 13 de Mayo del 2016.- RRCH